Consorcio Selva Perú logra una nueva medida cautelar

Contra el PEAM, por obra de Juninguillo. Decisión arbitral también protege cartas fianza por más de 11 millones de soles

Moyobamba. Mientras miles de ciudadanos continúan esperando la culminación del proyecto de agua potable de Juninguillo, el Consorcio Selva Perú vuelve a obtener una medida cautelar favorable en su controversia con el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM). Esta vez, una árbitra de emergencia dispuso suspender provisionalmente las acciones destinadas a ejecutar la resolución contractual, impidiendo que la entidad regional avance con la recuperación de la obra y la eventual contratación de otra empresa.

La decisión está contenida en la Resolución N.° 01, de fecha 10 de noviembre de 2026, correspondiente al Expediente N.° 004-2026-CC-ARBT-TM-SL, tramitado ante el Centro de Arbitraje & Dispute Boards TMARC. El pronunciamiento abre nuevas interrogantes sobre el futuro del proyecto y, principalmente, sobre las responsabilidades del consorcio respecto a una obra que debió representar una solución para el abastecimiento de agua potable en Moyobamba.

El contrato fue suscrito el 12 de marzo de 2024 por un monto inicial de S/ 36 millones 92 mil 233. Sin embargo, la ejecución del proyecto terminó envuelta en controversias contractuales, cuestionamientos sobre las garantías presentadas por el contratista y desacuerdos relacionados con el calendario acelerado de ejecución. Estas situaciones motivaron que el PEAM comunicara la resolución del contrato en junio de 2026, decisión que fue impugnada por el consorcio mediante procedimientos arbitrales.

Uno de los aspectos que merece especial atención es el relacionado con las cartas fianza emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San Lorenzo Trujillo, cuyo valor acumulado supera los 11 millones de soles. El PEAM cuestionó estas garantías y exigió su sustitución, mientras que el Consorcio Selva Perú defendió su validez y consiguió que, mediante la nueva medida cautelar, se ordene mantenerlas y evitar provisionalmente su ejecución.

Esta situación plantea una pregunta fundamental: ¿por qué el Consorcio Selva Perú no logró superar oportunamente las observaciones sobre sus garantías y evitar que el conflicto contractual terminara trasladándose a sucesivos procedimientos arbitrales? Aunque la validez de las cartas fianza continúa siendo materia de controversia, corresponde esclarecer si las garantías ofrecidas cumplen íntegramente las exigencias aplicables a una contratación pública de esta magnitud.

Otro punto que genera preocupación es la estrategia legal desplegada por la empresa. De acuerdo con la resolución, el consorcio ha recurrido a diferentes procedimientos de arbitraje de emergencia para impedir que el PEAM concrete la resolución contractual, realice inventarios, tome posesión de las instalaciones o disponga la sustitución del ejecutor. Si bien acudir al arbitraje constituye un derecho reconocido por ley, resulta legítimo cuestionar si estas acciones están contribuyendo a encontrar una solución efectiva para concluir el proyecto.

La medida cautelar también dispone que el consorcio permanezca en posesión de los frentes de trabajo, campamentos, almacenes, maquinaria y materiales. Sin embargo, mantener el control de la obra no equivale a demostrar que se están cumpliendo las metas de ejecución. Por ello, resulta indispensable conocer cuál es el avance físico real del proyecto, cuánto dinero se ha desembolsado, qué trabajos permanecen pendientes y qué garantías concretas ofrece la empresa para concluirlos.

También llama la atención que, mientras se discuten millonarias garantías contractuales, la resolución arbitral haya admitido como contracautela una caución juratoria de aproximadamente 3.97 millones de soles, presentada por el representante común del consorcio, Ernesto Vladimir Sánchez La Torre. Aunque esta modalidad fue considerada suficiente por la árbitra, corresponde preguntar qué respaldo efectivo tendría frente a eventuales perjuicios económicos para el Estado.