Soritorinos exigen medidas ante riesgos sanitarios y ambientales

Vinculados a su planta de tratamiento de aguas residuales

Soritor. La Defensoría de Agua y Bosques de Soritor (ADABS) y el Consejo Directivo del Barrio San Juan expresaron su preocupación por la situación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Soritor y convocaron a una sesión de trabajo interinstitucional para abordar los posibles riesgos sanitarios y ambientales asociados al manejo inadecuado de las aguas residuales.

La I Sesión de Trabajo Interinstitucional para la Salud Ambiental de Soritor – “PTAR Soritor” fue convocada con el propósito de reunir a autoridades, instituciones públicas, organizaciones sociales y representantes de la ciudadanía para analizar la situación actual de la infraestructura, evaluar los riesgos existentes y establecer acciones concretas.

Uno de los principales motivos de preocupación señalados por las organizaciones convocantes es la presencia de población vulnerable en las inmediaciones de las áreas donde se encuentran las lagunas de tratamiento a cielo abierto.

Según ADABS y el Consejo Directivo del Barrio San Juan, entre la población potencialmente expuesta se encuentran niños y niñas de un centro de educación inicial ubicado cerca de dichas instalaciones, situación que, a su juicio, requiere la adopción de medidas preventivas y de protección.

Las organizaciones sostienen que el problema no debe ser abordado únicamente como una deficiencia de infraestructura, sino también desde una perspectiva de salud pública, protección ambiental y adecuada prestación de los servicios de saneamiento.

La preocupación ciudadana se suma a los hallazgos contenidos en el Informe de Auditoría N.° 002-2023-2-0469-AC de la Contraloría General de la República, relacionado con la ejecución y supervisión del proyecto de saneamiento de Soritor.

De acuerdo con el documento citado por los convocantes, se identificaron diversas deficiencias de carácter técnico, constructivo, administrativo y de supervisión. Asimismo, el informe estableció un perjuicio económico de S/ 2 621 238,44 asociado a los hechos observados.

El documento de control también contiene la identificación de las personas comprendidas en los hechos materia de control, los argumentos jurídicos correspondientes y recomendaciones dirigidas a las instancias competentes para que adopten las acciones que correspondan.

Ante este escenario, ADABS y el Consejo Directivo del Barrio San Juan consideran necesario que las autoridades competentes informen públicamente sobre el estado actual de la PTAR, las medidas implementadas y las acciones previstas para recuperar y garantizar su adecuado funcionamiento.

Asimismo, solicitan que se evalúen los posibles impactos sanitarios y ambientales, se determinen las responsabilidades que correspondan dentro del marco de las competencias de cada institución y se implementen medidas preventivas para reducir cualquier riesgo para la población.