Participar en campaña con licencia: ¿vacío legal o permisividad peligrosa?

Advierte Abog. Marco Cruzalegui Chávez

San Martín. El reciente caso del gobernador regional de San Martín, quien solicitó licencia sin goce de haber días antes de participar en un mitin del candidato presidencial Rafael López Aliaga en Tarapoto, ha generado un debate jurídico y ético sobre los límites de la neutralidad política que deben observar las autoridades en funciones.

Aunque la ley no prohíbe expresamente que un funcionario no candidato participe en actividades proselitistas durante una licencia, la situación revela un preocupante vacío legal. Basta con dejar el cargo de manera temporal mediante una licencia sin goce de haber para asumir la figura de “ciudadano”, lo que permite intervenir en actos partidarios sin incurrir en una infracción directa. Sin embargo, este uso de la licencia contraviene el espíritu de la legislación electoral, que busca garantizar la imparcialidad del Estado en los procesos electorales.

En este caso, no se ha comprobado el uso de recursos públicos ni de bienes institucionales, pero la sola presencia de una autoridad regional en un acto político transmite un mensaje de respaldo que puede alterar la percepción ciudadana de neutralidad. Para la población, el gobernador sigue siendo una figura de poder, aun cuando se encuentre momentáneamente fuera del cargo. Ello genera una ventaja simbólica para el candidato apoyado y un desequilibrio en la competencia electoral.

Desde el Estudio Jurídico Marco Antonio Cruzalegui Chávez, se considera urgente que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emita pronunciamientos más claros y firmes sobre este tipo de situaciones. Asimismo, se exhorta al Congreso de la República a modificar la Ley Orgánica de Elecciones, incorporando una disposición que limite la participación política de autoridades en ejercicio o con licencia, para resguardar la transparencia y equidad del proceso democrático.

Las licencias no deben convertirse en herramientas para evadir el principio de neutralidad ni en vías para mantener presencia política encubierta. Es necesario un marco regulatorio que contemple no solo los aspectos legales, sino también los principios éticos que fortalezcan la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema electoral.