Orden era clara: Evitar publicar la derogatoria

¿Quién es el “empresario” que estaría digitando las acciones que habría acatado obedientemente la alcaldesa Lluni Perea?

San Martín. A toda costa. La orden era bastante clara, había que evitar a toda costa y por todos los medios, que se publique (y entre en vigencia) la ordenanza que ya se había aprobado previamente en acuerdo de Concejo, y que derogaba la cuestionada e irregular ordenanza previa que autorizaba el cambio de zonificación (disfrazado de supuesto “ordenamiento territorial”), en una determinada área adyacente a la Laguna Ricuricocha, en el distrito de Morales, y que pertenece a la inmobiliaria “Ciudápolis”.

Eso es lo que se desprende del ahora denominado “Audio de la Vergüenza”, publicado y difundido por este medio de comunicación, y donde se escucha lo que podría considerarse como un verdadero escándalo, que implicaría a la alcaldesa tarapotina, Lluni Perea Pinedo, y a un supuesto “empresario”, quien parece llevar la “batuta” y tendría el verdadero poder detrás de la cuestionada autoridad edil.

“Entonces no puedo firmarlo, no lo firmo entonces”, se escucha decir a la voz que pertenecería a la alcaldesa Lluni Perea Pinedo, recibiendo como respuesta de su interlocutor y supuesto empresario: “No lo firmes, eso no se debe publicar…”, en referencia a lo que sería la publicación de la ordenanza municipal Nº 027-2025, que derogaba la cuestionada e irregular ordenanza Nº 022-2025 que autorizaba el cambio de zonificación en terrenos adyacentes a la Laguna Ricuricocha.

“El Memo”

En otra parte del “Audio de la Vergüenza” se escucha a quien sería la alcaldesa Lluni Perea, señalar: “Y que puede pasar si no firmo, porque yo sé que van a venir con todos esos regidores contra mí”, recibiendo como respuesta del supuesto empresario: “No, al contrario, no deberían, ¿Sabes cómo te tienes que cubrir? con ese memo interno que te he pasado, en donde le indicas a tus áreas que eso no tiene informe técnico legal”.

En esta parte, se habla de un supuesto “memo” o memorándum, que el empresario la habría hecho llegar a la alcaldesa para que con dicho documento supuestamente pueda “cubrirse”, indicándole a sus funcionarios que no habría informe técnico legal, con el fin de evitar firmar y que se publique la ordenanza de derogatoria de la “ordenanza de la vergüenza”.

Este medio de comunicación pudo acceder al que sería este “memo”, documento que lleva la firma de la alcaldesa tarapotina, Lluni Perea. Se trata del Memorándum Nº 127-2025, de fecha 10 de diciembre del 2025, derivado desde el despacho de alcaldía a la gerencia municipal, en el que se solicita una “evaluación integral de ejecutabilidad” del acuerdo de Concejo que aprobaba la derogatoria de la ordenanza Nº 022-2025, que favorecía irregularmente a la empresa inmobiliaria “Ciudapolis”.

Especialistas en derecho municipal, señalaron a este medio de comunicación, que tanto la ordenanza municipal Nº 022-2025, como el mencionado memorándum, representan actos irregulares, por lo que en el primer caso, la conocida como la “ordenanza de la vergüenza”, aprueba el pedido del representante de una empresa privada, es decir, el Concejo municipal, encabezado por la alcaldesa Lluni Perea y sus regidores, aprobaron irregularmente una ordenanza con nombre propio, y que favorecía a los intereses particulares de una empresa privada, la inmobiliaria “Ciudapolis”; en tanto que, en el segundo caso, del “memo”, señalan que los acuerdos de Concejo, no pueden ser observados, ni “evaluados para su ejecutabilidad” por parte de ningún funcionario municipal, ya que la participación de cualquiera de ellos podría darse únicamente durante el debate previo a la aprobación del acuerdo de Concejo, pero no tienen ninguna facultad para observar o “evaluar”, tal como pretendió hacerlo de manera irregular la alcaldesa Lluni Perea, a través del memorándum Nº 127-2025, y que según se desprende del contenido del audio, habría sido elaborado los asesores de la empresa interesada, con el fin de dilatar y evitar la firma y publicación de la ordenanza de la derogatoria.

Todos estos hechos constituyen graves irregularidades, por las cuales tendrá que responder no solo la alcaldesa Lluni Perea Pinedo, sino también todos los funcionarios implicados y aquellos regidores que en su momento votaron a favor de aprobar una ilegal ordenanza municipal, con “nombre propio”, y que a todas luces favorecía de manera irregular a una empresa privada, cuyos intereses particulares ponían en grave riesgo una de zona de vital importancia para la conservación del medio ambiente, con un delicado ecosistema, y en el que se pretendía desarrollar un proyecto inmobiliario que habría alterado y arrasado con ese importante espacio de naturaleza, dentro de la ciudad de las palmeras. (Diario Amanecer)