Ninguna municipalidad provincialbrinda capacitación para serenos

Contraloría también verificó cámaras de vigilancia inoperativas,
baja ejecución presupuestal, entre otras graves deficiencias

San Martín. La Contraloría General de la República, a través de su Gerencia Regional de Control San Martín, identificó serias deficiencias en la prestación de los servicios de seguridad ciudadana por parte de doce municipalidades provinciales y distritales de la región San Martín.
Estas observaciones fueron recogidas en el Informe N.º 4464-2025-CG/GRSM-SOP , como parte del Operativo del Servicio de Control Simultáneo de Seguridad Ciudadana desarrollado entre el 8 y el 14 de mayo de 2025.
Entre los principales hallazgos, se detectó que cinco municipalidades no cuentan con sistemas de videovigilancia (Picota, El Dorado, Tocache, Huallaga y Bellavista), mientras que otras, como Lamas y Rioja, presentan un alto porcentaje de cámaras inoperativas (88% y 32.1% respectivamente).
Además, varias entidades no realizan el mantenimiento preventivo ni correctivo de sus equipos ni cuentan con personal capacitado para operar los centros de vigilancia.
En cuanto al servicio de serenazgo, ocho municipalidades no proveen a su personal con el equipamiento básico de protección como chalecos antibalas, cascos, rodilleras o guantes, exponiéndolos a riesgos durante sus funciones.
Las municipalidades de Rioja, La Banda de Shilcayo y Morales presentan las mayores carencias en este aspecto. Asimismo, se constató que ninguna municipalidad provincial cuenta con centros de capacitación para serenos, tal como exige la normativa vigente.
El operativo también evidenció una preocupante subejecución del presupuesto destinado a la reducción de delitos y faltas. Del total de S/ 17 195 269 asignados en 2025 a las doce municipalidades intervenidas, solo se había devengado el 35.4% (S/ 6 086 441) al momento de la evaluación, lo que limita significativamente la respuesta operativa ante la creciente percepción de inseguridad, que alcanzó un 68.8% en la región según el INEI.
En total, se detectaron 39 situaciones adversas en los doce gobiernos locales, las cuales fueron comunicadas formalmente a sus autoridades.