Marco Cruzalegui pide investigar a congresista Lucinda Vásquez
Diario Amanecer
Por posible uso indebido de recursos
públicos y contratación de familiares
San Martín. El Estudio Jurídico Marco Antonio Cruzalegui Chávez emitió un pronunciamiento público en el que solicita la intervención de las autoridades competentes para investigar una serie de presuntas irregularidades cometidas en el despacho de la congresista Lucinda Vásquez, representante de la región San Martín.
Según lo difundido por medios nacionales, los hechos observados podrían configurar delitos vinculados al uso indebido de recursos públicos, contratación irregular de familiares y aprovechamiento del cargo.
Entre las presuntas irregularidades señaladas destacan la presencia de un asesor, identificado como Edwar Rengifo Pezo, sobrino nieto de la parlamentaria, quien habría sido captado realizando labores personales, como cortarle las uñas de los pies, dentro del despacho congresal y en horario laboral.
La asignación de tareas domésticas a otros trabajadores del despacho, como la preparación de alimentos.
La contratación de familiares directos, al menos tres sobrinos, con remuneraciones elevadas, las visitas frecuentes de su hijo, quien no figura como personal del Congreso, pero se habría identificado como trabajador del mismo.
Denuncias de exasesores que aseguran haber sido obligados a entregar parte de sus sueldos a la congresista bajo la modalidad de “préstamos” no devueltos, mediante transferencias bancarias a personas allegadas.
El Estudio Cruzalegui advierte que los hechos descritos podrían configurar los delitos de aprovechamiento indebido del cargo, negociación incompatible, peculado, colusión o tráfico de influencias, además de infracciones administrativas que podrían derivar en inhabilitación, devolución de fondos y suspensión del cargo público.
Asimismo, precisan que la utilización del personal del Estado en labores domésticas o personales representa un uso irregular de los recursos públicos, lo cual debe ser investigado de oficio.
El pronunciamiento propone que se active de inmediato un procedimiento formal que incluya la denuncia ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía de la Nación. Actuación de la Comisión de Ética Parlamentaria para evaluar la conducta de la congresista.
En el marco de su labor de observancia ciudadana, el Estudio Jurídico propone que se publiquen los registros de personal, remuneraciones y funciones de todos los trabajadores del despacho de la congresista, así como los informes de la Fiscalía sobre transferencias bancarias vinculadas al caso.
“El ejercicio del cargo parlamentario exige integridad y transparencia. Los hechos denunciados, de comprobarse, constituyen una grave falta ética y legal”, señala el comunicado. (Diario Amanecer)