Jefe de ORDYS omitió información en declaración jurada de intereses

Se le “olvidó” consignar el nombre de su conviviente, con

quien mantiene una pública relación desde hace varios años

San Martín. El hasta ahora “intocable” Jefe de la Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad – ORDYS del Gobierno Regional de San Martín, abogado Efraín Sánchez La Rosa, no solo ha participado en la elaboración de términos de referencia “a medida” para la contratación de jóvenes estudiantes universitarias “allegadas” a él para que ocupen cargos (para los cuales no contarían con el perfil, según SERVIR) dentro de su área, sino que además también habría falseado información en su declaración jurada de intereses, lo cual se podría configurar incluso en la comisión de un delito.

En el ítem, donde Sánchez La Rosa, debe consignar la relación de personas con las que tiene vínculo de consanguinidad hasta el cuarto grado y vínculo de afinidad hasta el segundo grado, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, el actual jefe de ORDYS “omitió” incluir a quien es su conviviente desde hace varios años, tal como se corrobora de las imágenes que están publicadas en su perfil personal de Facebook.

El abogado Efraín Sánchez La Rosa, incluye en las declaraciones juradas de intereses, presentadas desde el año 2022, a sus familiares directos, madre, hermanos y hasta cuñados, sin embargo, “omite” consignar el nombre de la persona con quien mantiene una relación sentimental y de convivencia por lo menos desde ese mismo año 2022, según se desprende no solo de sus redes sociales, sino de la dirección que consigna como domicilio en el Jr. Benavides, que es la vivienda de quien sería su conviviente.

Esta relación de convivencia es conocida además por casi todos los funcionarios de la sede central del GORESAM, incluso por el propio Gobernador Regional, Walter Grundel, la Vicegobernadora, Olguita Céliz, y el secretario general del GORESAM y amigo cercano suyo, Wilson Pérez Guevara, y pese a ello, se han mantenido en cómplice silencio sobre la relación sentimental paralela que también mantendría con la joven estudiante de derecho a la que contrató con un TDR “a medida”, para que labore como asistente legal en procesos administrativos en su oficina.

En nuestro país, mentir en una declaración jurada de intereses o de hoja de vida, como funcionario público, puede acarrear consecuencias legales graves y sanciones administrativas. Entre las posibles consecuencias se encuentra la pena privativa de libertad y multas, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. También podría resultar en la exclusión del cargo público que se ocupa, claro siempre y cuando no cuente con el vergonzoso “blindaje” que hasta el momento se le viene brindando desde las altas esferas del Gobierno Regional de San Martín, en donde además existen muchos otros funcionarios que también vienen aprovechando sus cargos para contratar y mantener laborando en la actual gestión a sus “allegadas” y “recomendadas”, aunque no cumplan con el perfil para los cargos que desempeñan. (Diario Amanecer)