Implican a dos magistrados en asesinato de fiscal Caro
Diario Amanecer
Una de ellas es la Vocal de la CSJSM, María Eugenia Román Robles y su esposo Gonzalo Zabarburu, juez en Amazonas
San Martín. Han pasado nueve años desde el asesinato del fiscal superior Fermín Alberto Caro Rodríguez en la ciudad de Moyobamba, sin que hasta la fecha se haya esclarecido plenamente quiénes fueron los autores intelectuales de este crimen que conmocionó al sistema de justicia peruano.
Un reciente reportaje del programa “China Polo Dominical”, emitido este sábado 26 de octubre, reavivó el debate y expuso serias irregularidades que habrían entorpecido la investigación. De acuerdo con el informe y con documentos oficiales contenidos en una carpeta fiscal de 987 páginas, dos magistrados serían los presuntos financistas del asesinato por encargo: la jueza María Eugenia Román Robles y su esposo, el juez Gonzalo Zabarburu Saavedra.
Según las indagaciones, el fiscal Caro Rodríguez había iniciado investigaciones contra ambos por presunto lavado de activos y otros delitos. Su trabajo avanzaba con pruebas sólidas, y era cuestión de tiempo para que solicitara medidas coercitivas contra los implicados. Sin embargo, una serie de hechos irregulares frustró la acción fiscal.
En mayo de 2024, la carpeta fiscal estaba lista para presentar un pedido de prisión preventiva.
De forma inexplicable, la investigación confidencial se filtró hacia los magistrados involucrados.
El fiscal Jaime Rojas Guerra fue sancionado tras la “pérdida” del expediente clave.
El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANCMP), Juan Antonio Fernández Jerí, realizó una “visita inopinada” al despacho del fiscal investigador antes de la desaparición del expediente. Hasta hoy, los jueces señalados continúan en funciones sin que se haya determinado responsabilidad alguna.
El reportaje también reveló que, durante el 2024, Fernández Jerí habría emitido sanciones a fiscales basados en reglamentos nunca publicados en el diario oficial El Peruano. Según especialistas legales, esto anularía la validez de las sanciones y podría configurar un presunto delito de prevaricato.
Nueve años después, la muerte del fiscal Fermín Caro Rodríguez continúa marcada por impunidad, encubrimiento y silencio institucional.
El caso no solo representa una herida abierta para su familia, sino también un símbolo del riesgo que enfrentan los magistrados que se atreven a investigar la corrupción dentro del propio sistema judicial peruano. (Fuente: China Polo Dominical)