Desde el 2017 y se realizaron irregulares adendas. Inmueble
en Tarapoto recién se dejó de alquilar en febrero de este año
San Martín. Se supone que el Ministerio Público, es la entidad encargada de investigar y denunciar los hechos de corrupción y actos delictivos que se cometen en nuestra sociedad, sin embargo, a la luz de los últimos hechos que vienen aconteciendo en dicha institución, con bochornosos conflictos internos dentro de su más alta esfera, se conocen de hechos irregulares que también se estarían cometiendo dentro de la misma institución.
Según detalla un informe de Contraloría, desde el año 2017, el Ministerio Público de San Martín, habría estado alquilando irregularmente un inmueble, ubicado en el Jr. Santa María, en el distrito de La Banda de Shilcayo, pese a no cumplir con la normativa de contrataciones, y que además tampoco cumpliría con las condiciones adecuadas para la realización del trabajo fiscal.
Pese a ello, no solo se firmó irregularmente el contrato de arrendamiento, en el año 2017, sino que se han estado suscribiendo adendas también de manera irregular, implicando a varios administradores y presidentes de la Junta de Fiscales Superiores de San Martín, desde dicho año, hasta prácticamente el presente año 2025, en que recién se ha dejado de alquilar dicho inmueble.
En este informe de control, se indica textualmente: “Al respecto se verifica que las características del local consignadas en los términos de referencia coinciden plenamente con las del inmueble de propiedad de Nidia Bardales Del Águila de Rosales y Daniel Carlos Rosales Del Río, la cual fue materia de contrato de servicio de alquiler N° 019-2017-MP-FN-GA-DF/San Martín-UE del 01 de marzo del 2017, luego del procedimiento de contratación directa al que dio lugar el requerimiento antes señalado. Por lo tanto, se evidencia que los términos de referencia fueron DIRECCIONADOS a favor de la sociedad conyugal conformada por Nidia Bardales Del Águila de Rosales y Daniel Carlos Rosales Del Río, advirtiéndose una transgresión a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado”.
Es decir, desde el Ministerio Público se “direccionaron” los términos de referencia para que calzaran exactamente con las características que tenía el inmueble de la mencionada pareja, y que derivó en un contrato de alquiler por 3 años, por el monto total de 90 mil soles, sin embargo, esto no acabó allí, pues de manera sucesiva, los administradores y presidentes de junta de fiscales que asumieron posteriormente, continuaron firmando adendas de manera irregular, ya no con la sociedad conyugal, pues Daniel Carlos Rosales del Río, había fallecido en el 2018, sino solo con su viuda, Nidia Bardales Del Águila, sin que dicha persona haya acreditado en su momento, ser la única heredera de dicho inmueble.
Incluso, existen informes de fiscales que habían estado laborando en dicho local, donde funcionaba la Fiscalía Mixta de La Banda de Shilcayo, en donde se dejaba en evidencias las graves deficiencias existente en dicho inmueble, y pese a ello, se siguieron firmando adendas, que fueron un total de tres, en tanto que finalmente, una cuarta adenda quedó frustrada.
A esto hay que sumar, que como se informó en una edición anterior del Diario Amanecer, existen inmuebles que aparecen en la lista del Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI, que supuestamente han sido destinados para el funcionamiento de sedes de la Fiscalía, como el ubicado en la cuadra 6 del Jr. Jiménez Pimentel, sin embargo, ninguna oficina fiscal funciona en dicho local, sino por el contrario funciona allí una institución educativa particular.
Sobre este hecho ya fue comunicado el actual presidente de la Junta de Fiscales Superiores de San Martín, y se espera una respuesta clara, y saber además que acciones se estarían tomando respecto a todos los implicados tanto en el direccionamiento de los términos de referencia para el alquiler de dicho local, así como con quienes tuvieron que ver con las irregulares adendas que se fueron firmando posteriormente, hasta el presente año en que recién se ha hecho devolución de dicho inmueble.
Desde la Contraloría se ha recomendado al presidente de la Junta de Fiscales Superiores, adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicios de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
Este no sería el único inmueble alquilado de manera irregular por parte del Ministerio Público, pues como se sabe durante muchos años, la Fiscalía en Tarapoto estuvo atendiendo en un local ubicado en el Jr. Maynas, que tampoco cumplía con las condiciones adecuadas, y probablemente lo mismo esté ocurriendo con diversos locales donde funcionan sedes fiscales, en diferentes provincias y distritos de nuestra región. (Diario Amanecer)