FEDEIMAM exige intervención urgente ante ola de corrupción
Diario Amanecer
En el Gobierno Regional de San Martín
Alto Mayo. Los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Moyobamba y el Alto Mayo -FEDEIMAM, denuncia la preocupante inacción de las autoridades judiciales frente a los graves casos de corrupción, amenazas y hechos de violencia vinculados al actual Gobierno Regional de San Martín.
Mediante un documento, dirigido a la Fiscal de la Nación, la Presidenta del Poder Judicial, la Procuraduría Anticorrupción, la Contraloría General y la Comisión de Fiscalización del Congreso, informan una serie de hechos que, según los denunciantes, evidencian una red de corrupción e impunidad que se ha enquistado en el aparato regional.
Entre los casos más alarmantes, destaca el atentado contra el exprocurador regional Elidelgio Mori Trigozo, quien responsabilizó directamente a la familia Morey, sindicada de manejar el sector salud en la región y direccionar licitaciones a través de funcionarios de confianza. Asimismo, se recuerda la denuncia del exconsejero delegado Jorge Corso, quien, tras alertar presiones y amenazas, solicitó garantías para su vida y renunció a su cargo.
A estas denuncias se suma la del exgerente regional Roberth Pinedo Angulo, quien afirmó que se le impidió fiscalizar el sector salud pese a las múltiples irregularidades denunciadas públicamente.
Un hecho que marcó un punto de quiebre en esta escalada de violencia fue el asesinato del abogado Luis Felipe Morey, baleado por un sicario a plena luz del día en una ciudad equipada con más de 180 cámaras de videovigilancia. La familia Morey acusó públicamente a conocidos personajes políticos y empresarios locales como presuntos responsables, algunos de ellos vinculados a campañas políticas y financiamiento con presunto dinero del narcotráfico.
El FEDEIMAM también denuncia que el gobernador regional no despacha desde la sede oficial en Moyobamba, al igual que su gerente general, lo cual, según la organización, evidencia un manejo opaco y cuestionable de la administración pública, comparándolo con el polémico caso de la “Casa Sarratea” durante el gobierno de Pedro Castillo.
Finalmente, condenan el silencio del Consejo Regional, al que acusa de haber renunciado a su función fiscalizadora, así como el creciente poder de los financistas de campaña dentro del aparato regional. (Diario Amanecer)