Decisión judicial genera controversia

Y pone en riesgo a pacientes de hogar

protegido en La Banda de Shilcayo

San Martín. Resulta inaudito con las decisiones descabelladas de algunos magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial de la región San Martín, poner en riesgo la vida e integridad de los pacientes de la casa hogar protegido del distrito de la Banda de Shilcaro.

Resulta que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de San Martín, a cargo de la jueza Julissa Paola Bengoa Vargas, ordena a la OGESS Bajo Mayo, internar en dicho centro de protección a un sujeto de nombre Romer Reátegui Coquinche, quien viene siendo investigado por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa, lo que significa algo absurdo, ya que los pacientes del centro hogar estarían corriendo el riesgo con la actitud, comportamiento y los antecedentes de Reátegui Coquinche.

Durante la audiencia desarrollada el 6 de noviembre del presente año, la Fiscalía Provincial Mixta de La Banda de Shilcayo, representada por la fiscal María Hermila Briceño Flores, dijo a la magistrada del Poder Judicial que el imputado presenta un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y representa un riesgo tanto para su entorno familiar como para la comunidad, sin importar que también representa un ´peligro para más de 15 paciente de la casa hogar.

Los representantes de la casa hogar y funcionarios de la OGESS Bajo Mayo no están de acuerdo con esta decisión de la jueza, no solo porque pone en riesgo la vida e integridad de los pacientes del hogar de protección, también porque no cuentan con profesionales de siquiatras y psicólogos las 24 horas para el cuidado de Reátegui Coquinche.

La encargada del establecimiento, Enma Barrera Linares, argumentó que Reátegui Coquinche presentaba esquizofrenia aguda con agitación motriz, condición que no cumple con los criterios de inclusión establecidos en la norma técnica del programa, recomendando su traslado al Hospital II-2 de Tarapoto para recibir atención médica especializada.

Ante esta situación, la jueza Bengoa Vargas emitió la Resolución N.° 04, ordenando a la OGESS Bajo Mayo que en un plazo máximo de 24 horas disponga lo necesario para el cumplimiento del mandato judicial, o precise la entidad responsable de la internación del imputado. Asimismo, advirtió que el incumplimiento de lo dispuesto podría generar una denuncia por desobediencia a la autoridad.

Mientras tanto, la OGESS Bajo Mayo evalúa las acciones legales y administrativas correspondientes para salvaguardar la seguridad de los residentes y exigir que se reconsidere la medida dispuesta por el Poder Judicial. (Diario Amanecer)