Alcaldesa MPSM “en la mira” de la Fiscalía Anticorrupción

“Audios de la Vergüenza”, amplían investigación contra Lluni Perea por presunto cohecho (coima), en el caso “Ricuricocha”

San Martín. Ya no es solo acusada por los delitos de banda criminal y falsificación de documentos (a cargo de la Fiscalía Penal), o investigada por la comisión de presuntos delitos ambientales (a cargo de la Fiscalía de Medio Ambiente), sino que ahora también se le suma una investigación más, o mejor dicho se amplía la investigación que ya se le venía haciendo a la alcaldesa tarapotina, Lluni Perea, por la comisión de los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, a los cuales hoy se suma también el presunto delito de “cohecho” (coima), por el caso “Ricuricocha”.

El Fiscal Anticorrupción de Tarapoto, José Luis Villalta Arriaga, determinó ampliar la investigación que ya se venía realizando desde octubre del 2025, en contra de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín, Lluni Perea Pinedo, ahora también por “cohecho” (coima), luego que se ingresaran nuevas denuncias presentadas por el expresidente del Frecides, Roger Heredia; por el Ecoguerrero, Iván Rojas; y por la regidora Blanca Gómez, que han incluido el primer audio propalado por este medio de comunicación, en el que se escucha una conversación por celular, entre quien sería la alcaldesa Lluni Perea y el empresario Jorge Loza, gerente de la empresa inmobiliaria “Ciudapolis”, en la cual se escucha que este último estaría “digitando” a la autoridad edil tarapotina, respecto a buscar todas las formas necesarias para evitar que firme y se publique la ordenanza municipal Nº 027-2025, la misma que a su vez derogaba la ordenanza municipal Nº 022-2025, que aprobaba de manera irregular un plan específico presentado por la mencionada empresa inmobiliaria, y que pretendía cambiar la zonificación de cerca de 40 hectáreas de terreno, adyacentes a la Laguna Ricuricocha, permitiendo de manera ilegal y contraviniendo una seria de normativas legales, que se puedan realizar habilitaciones urbanas en este frágil espacio natural, que aun se conserva en la Ciudad de las Palmeras.

De acuerdo con el pronunciamiento del Ministerio Público, la medida alcanza también a Janet Rocío Dávila Huancas (exsubgerente de catastro MPSM), Jesús Orlando Pinedo Barrutia (Exjefe de la oficina de asesoría legal MPSM) y Jorge Luis Loza Díaz (gerente general de la empresa inmobiliaria “Ciudapolis”), además de quienes resulten responsables durante el desarrollo de las diligencias. Asimismo, la Fiscalía ha declarado compleja la investigación, debido a la naturaleza de los hechos y al número de personas involucradas.

En el primer extremo de la investigación, se atribuye a los investigados el presunto delito de negociación incompatible en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo, en el marco de decisiones administrativas que habrían favorecido intereses particulares en perjuicio del Estado.

De manera paralela, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, evalúa la posible comisión del delito de cohecho pasivo propio, lo que implicaría que funcionarios públicos habrían solicitado o recibido beneficios indebidos a cambio de actos propios de su función, en el caso de “Ricuricucha”.

La Fiscalía Anticorrupción continuará con la recopilación de medios probatorios y la realización de diligencias necesarias para esclarecer los hechos, para lo cual se estará citando a rendir sus declaraciones a la alcaldesa Lluni Perea, junto a sus funcionarios implicados, así como al empresario Jorge Loza Díaz, gerente de la empresa inmobiliaria “Ciudapolis”. (Diario Amanecer)